José Carlos Marrero González

Mismamente, el ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) renovó el pasado mes de febrero de 2019 el convenio con la fundación canaria Hogar Santa Rita, en virtud del cual, la corporación chicharrera invierte 50.000 euros para sufragar por espacio de un año la asistencia que la residencia portuense presta a personas mayores de Santa Cruz de Tenerife. En concreto, el concejal que aquel año 2019 firmó la renovación del convenio, Óscar García González (PP), informó que desde el año 2015 el convenio contribuía al mantenimiento en Santa Rita de 124 mayores de Santa Cruz de Tenerife (81 mujeres y 43 varones). Algo así sucede con el resto de ayuntamiento que, efectivamente, ayudan a la Fundación Santa Rita, pero indirectamente, están aguantando a esa “bomba” que es el macro-centro. Además, por si fuera poco, según un estudio de la Asociación de Gerentes y Directores Sociales, Canarias necesita 7.000 plazas sociosanitarias más y el Gobierno canario ha reconocido que cuando acabe el actual plan de infraestructuras seguirán haciendo falta más plazas.

Roque Silva (i) y Oscar García, tras la firma del convenio con el Ayuntamiento.

En este punto de mi denuncia, me apetece y creo necesario recordar que esta problemática tiene que ver mucho con el modo de vida que nos estamos dando nosotros mismos en los últimos años y la nueva relación que las familias (hijos, hijas, yernos, nueras, nietos y nietas) mantienen ahora con sus mayores (padres, madres, abuelos y abuelas…) Cada vez más, desde el momento que necesitan algún tipo de atención o ayuda específica, no pueden quedarse en sus propias casas (que sería lo más recomendable) o las de algún familiar directo o cercano. Antes, al contrario, cada vez más, queriéndolo o normalmente sin querer, los mayores se ven residiendo (cuando no dejados y abandonados) en una residencia ajena y muchas veces alejada de su entorno de toda la vida. Y aún teniendo el trato profesional y hasta el cariño de muchos trabajadores, la verdad es que muchos de nuestros mayores siguen sintiendo la falta de la cercanía y el cariño de los suyos, para terminar su trayectoria vital dignamente y con alegría. Ese era el objetivo del Padre Antonio, cuando empezó su obra, y debería ser el de todo familiar, profesional, político y sindicalista que se precie.

Además de la atención profesional, el cariño y trato personalizado al residente es clave

No sé si en Santa Rita II (y en otras residencias) ha fallado algo en los protocolos de seguridad contra el SRAS-CoV2, o lo que ha pasado con más de 600 residentes y todo el personal del centro la cosa ha sido inevitable. Pero me da la impresión de que nadie ha dejado entrar el coronavirus adrede, ni hay nadie contento con que haya entrado el bicho, haya contagiado a tanta buena gente y haya producido los tristes fallecimientos que todos lamentamos. Pero, dicho todo lo anterior, reitero que no debemos, no podemos pasar esta mal y maldita racha para luego quedarnos igual. Una residencia como Santa Rita II (que muchos que siguen callando saben hasta qué número de residentes ha llegado a tener en momentos puntuales, rozando, cuando no sobrepasando, los 800) no puede seguir así. Y todos los que, directa o indirectamente, han tenido o tienen que ver con su realidad pasada y presente, no podrán seguir mirando para otro lado y callando vergonzosamente una vez pase este momento de crisis.

No puedo dudar del buen hacer y dedicación de los profesionales de un macrocentro

Termino apuntando que, dicho todo lo anterior, nadie puede ni debe “escupir para arriba” en Santa Rita II. Arriba solo está o imagino debe estar el Padre Antonio. Puedo entender que, en algún momento, algunos trabajadores puedan callar, por temor a, supuestamente, perder su puesto de trabajo. Lo podría comprender a título particular. Pero, pregunto: ¿cuántos familiares han formalizado en tiempo y forma una reclamación o denuncia oficial ante Sanidad, Servicios Sociales, el ayuntamiento o el cabildo en los dos últimos años, ¿antes de llegar la COVID?, ¿Cuántas denuncias han planteado y presentado oficialmente el comité de empresa del centro o los sindicatos, ante la propia dirección de la Fundación, ante los juzgados de lo Social o Magistratura de Trabajo, o directamente ante la Fiscalía en los últimos años? Si efectivamente la Fiscalía ha llegado y la fiscal jefe María Farnés (si es que le toca a ella) realiza profesionalmente su labor, llegando de verdad al fondo del tema y a la cruda problemática que le rodea, me temo que vamos a tener muchos culpables y cómplices, tanto por acción como, sobre todo, por omisión. Y salga lo que salga, que sea para bien de las personas que, por una razón u otra, están residiendo allí.