José Carlos Marrero González

Me indigna y hace hervir la sangre oír las manifestaciones de mucha gente que, durante años y hasta hace unos meses, han estado callados y no decían nada, ni presentaban denuncia oficial alguna, ni en algún Juzgado, ni en Sanidad, ni en Servicios Sociales, sobre lo que, supuestamente, estaba pasando de mala manera en el seno del hogar Santa Rita y también en otras residencias de mayores de Tenerife y otras islas. Les traía absolutamente al pairo. A políticos de una u otra ideología o partido; a sindicalistas de uno u otro sindicato; incluso a los familiares de personas ingresadas en la propia residencia, algunos de los cuales van a ver a sus parientes una vez al mes, cuando no una vez al año… o nunca. Si la Fiscalía investigase a fondo (y debe hacerlo) vería que muchos de ellos son hoy cómplices, por omisión o por “pasividad en la brega”, de lo que venido pasando durante años y lo que está pasando hoy en Santa Rita (y también, repito, en otras residencias de mayores). Hay que ser muy hipócrita y muy cínico, para tener la poca vergüenza de criticar y denunciar, ahora, lo que desde hace años viene pasando, con el “silencio cómplice”, muchas veces “interesado”, de casi todos.

Cientos de personas fueron el 24 de marzo de 2011 a la parroquia de Santa Rita a despedir al Padre Antonio cuando falleció. Mucha gente no olvida todo el bien que hizo

No hay que olvidar nunca que Santa Rita es una entidad privada (pero con multitud de convenios públicos) que depende de la Fundación Canaria Benéfico Asistencial Nº25, Hogar Santa Rita, cuyo fundador fue el padre Antonio Hernández y que hoy tiene como presidente a Roque Silva Padrón. Por ello, Santa Rita está permanente vigilada y controlada por el Protectorado de Fundaciones de Canarias, que depende de la consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que regenta Julio Pérez Hernández (PSOE). Pero tampoco hay que olvidar que el Hogar Santa Rita, como cualquier otro establecimiento de su sector, mucho tiene que ver con la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, que hoy regenta Noemí Santana Perera (Podemos), consejería que, según la Ley, tiene entre otras competencias (textualmente) la de “La alta inspección de todos los servicios que hayan sido descentralizados, mediante delegación o transferencia o mediante convenio o encomienda, a otras Administraciones Públicas o que se financien, en todo o en parte, con los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias y de aquellos que, independientemente de su titularidad, presten servicios en el ámbito social, con el fin de garantizar su calidad”. Y todos, como otras residencias y hoteles, bares y restaurantes, deben cumplir su normativa.

Noemí Santana Perera, consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias.

Es triste y vergonzoso que la gente olvide la historia y, sobre todo, los políticos. Todos saben (o deben saber) que las administraciones públicas (desde los ayuntamientos a los gobiernos regionales y estatales) deben cumplir una serie de leyes y facilitar a la ciudadanía unos servicios básicos. Los ayuntamientos, por ejemplo, están obligados a facilitar el suministro de agua potable, la limpieza pública, tener cementerios, anteriormente las “casas de socorro”, etc., sin olvidarse de atender las necesidades de sus mayores, sobre todo las de los desamparados o en riesgo de exclusión. Muchas veces los ayuntamientos se olvidaban de esto último y “el guante” lo recogían las entidades religiosas de caridad y asistencia, como las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, las Siervas de María, o los hermanos Bethlemitas, sin olvidar en el terreno sanitario a los Hermanos de San Juan de Dios. Nadie solía decir nada, porque les resolvían la problemática a los políticos y a las administraciones les quitaban una “papa caliente”. Y callaban… y siguen callando mientras no surge algún problema.

Mucha gente critica y hasta rechaza la labor de las congregaciones religiosas de la Iglesia Católica, pero, cuando las necesitan, bien que recurren a ellas.

Un humilde y campechano sacerdote de pueblo, el Padre Antonio Hernández, por aquel tiempo cura-párroco de la parroquia de Santa Rita de Casia, en el portuense barrio de Punta Brava, se dio cuenta de la necesidad de atender a una serie de personas mayores necesitadas y, como en todo el norte no había asilos de ancianos desamparados (como si existían y prestaban una labor inestimable en Santa Cruz y La Laguna), decidió, con una voluntad, empeño y trabajo encomiables, crear una residencia que se ocupara de ellos y de los que, por aquel entonces, debutaban con la desconocida enfermedad de Alzheimer. El Padre Antonio hizo realidad su residencia Hogar Santa Rita el año 1981, la cual fue inaugurada por el obispo Luis Franco Cascón. A partir de aquel momento (Hay que decirlo y recordarlo) muchas personas de fuera del Puerto de la Cruz fueron acogidas en Santa Rita, y muchos alcaldes (sobre todo del norte) vieron “los cielos abiertos” y, aportando algunas perritas, lograron que el Padre Antonio acogiera en Santa Rita a los vecinos de otros municipios que no tenían residencias y/o “pasaban” de tenerlas. Y todos seguían calladitos.

Parroquia de Santa Rita, en Punta Brava. y, detrás de ella, imagen del edificio que albergó el Hogar Santa Rita I (se ve hasta el ático añadido) cuando se saturó.