El enrarecimiento de la “cosa política” en Canarias, por culpa de la judialización cada vez más utilizada para resolver los casos de enfrentamiento en los tribunales, en vez de solventarlos con la palabra y el diálogo en los foros políticos institucionales, bien sea en el parlamento regional o en los plenos de ayuntamientos o cabildos, está perjudicando a las instituciones y, de forma especial a los propios políticos. En estos últimos días, lo manifestado en sede judicial por el exconcejal en el Ayuntamiento de La Laguna, Javier Abreu (ex PSOE y hoy Nivaria), testificando y respondiendo (de forma clarita y contundente, yo diría que casi brillantemente) a las preguntas de la jueza Ana Serrano-Jover y a las de la fiscal jefa de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés. En ellas, Javier Abreu ha contado cosas que podrían afectar y mucho (o no) al también concejal Santiago Pérez García (ex PSOE y hoy Avante La Laguna) actual miembro del grupo de Gobierno del ayuntamiento lagunero. Lo de Javier y Santiago ha sido desde hace décadas, una truculenta historia de amor-odio.
La profesional y rigurosa María Farnés fiscal jefa de Santa Cruz de Tenerife.