Termino apuntando que, dicho todo lo anterior, nadie puede ni debe “escupir para arriba” en Santa Rita II. Arriba solo está o imagino debe estar el Padre Antonio. Puedo entender que, en algún momento, algunos trabajadores puedan callar, por temor a, supuestamente, perder su puesto de trabajo. Lo podría comprender a título particular. Pero, pregunto: ¿cuántos familiares han formalizado en tiempo y forma una reclamación o denuncia oficial ante Sanidad, Servicios Sociales, el ayuntamiento o el cabildo en los dos últimos años, ¿antes de llegar la COVID?, ¿Cuántas denuncias han planteado y presentado oficialmente el comité de empresa del centro o los sindicatos, ante la propia dirección de la Fundación, ante los juzgados de lo Social o Magistratura de Trabajo, o directamente ante la Fiscalía en los últimos años? Si efectivamente la Fiscalía ha llegado y la fiscal jefe María Farnés (si es que le toca a ella) realiza profesionalmente su labor, llegando de verdad al fondo del tema y a la cruda problemática que le rodea, me temo que vamos a tener muchos culpables y cómplices, tanto por acción como, sobre todo, por omisión. Y salga lo que salga, que sea para bien de las personas que, por una razón u otra, están residiendo allí.
