En medio de la problemática y ya con polémica incluida, no sé quién fue el “iluminado” que logró pasarle “el muerto” al Gobierno de Canarias, en aquel momento presidido por Paulino Rivero, quien, el año 2013 aprobó el Decreto 83/2013, de 1 de agosto, por el que “se regulan la actividad de comercialización temporal de vino de cosecha propia y los establecimientos donde se desarrolla”. Un decreto, al que todos llaman “El decreto de los guachinches” pero en el que el vocablo “guachinche” aparece en su texto ¡una sola vez! Y a partir de ese triste decreto… ¡habemus guerra!

Placa con el logotipo (que no gusta a nadie) y que indica que el establecimiento que lo exhibe es un guachinche legal y autorizado.

En su momento (año 1997) la consejera Pilar Parejo dio la orden y el Cabildo registró la marca “Guachinche” ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) en 7 de las 45 clases que tiene la llamada Clasificación de Niza. Diez años después, cuando llegó el momento de la renovación en la OEPM, los responsables en el Cabildo estaban “en Belén con los pastores”, no hicieron el trámite y perdieron la marca que, posteriormente, fue registrada en un par de clases, por una empresa catalana y un particular tinerfeño. Por ello hoy “todo dios” se atreve a llamarse guachinche y los tenemos “modernos”, “chill out”, “veganos”, y ya, hasta se anuncian en taxis y las redes.

Hay guachinches que se dicen “veganos” y hasta con terraza “chill-out”.

Los caseríos son del País Vasco; las masías de Cataluña; los hórreos de Galicia; los cortijos de Andalucía; y los guachinches ¡de Tenerife!. Por ello me dio mucha pena que el Cabildo de Tenerife dejara que el Gobierno canario regulara el tema de nuestros guachinches, cuando todos sabemos, reconocemos y damos por sentado que (como aseguró Ceferino Mendaro en su estudio) son unos establecimientos originales, propios y genuinos solo de Tenerife. Los “bochinches” de Gran Canaria son (con perdón) una triste y burda imitación. Además, el decreto se lo han pasado por el “arco del triunfo” casi todos los guachinches “legales” y también los que, sin serlo, se presentan, anuncian y publicitan como tales, campando por sus respetos, compitiendo deslealmente, prostituyendo el buen nombre y cargándose “nuestro” gran invento.

Ya hay guachinches que hasta se publicitan en los taxis de Santa Cruz, y ofreciendo hasta siete platos, cuando el Decreto solo permite tres.

Pero solo si hay voluntad política de verdad. Primero: creo que el presidente del cabildo tinerfeño, Pedro Martín (que tiene una oportunidad de lujo) y el consejero insular de Agricultura, Francisco Javier Parrilla (que lo tiene muy claro), deberían pedir a su homólogo canario, Ángel Víctor Torres, que el Gobierno de Canarias se inhiba y ceda las competencias al Cabildo de Tenerife, por ser un tema exclusivo de esta isla. Segundo: redefinir claramente lo que hoy en día es o se quiere que sea un guachinche. Tercero: retomar y solucionar de la mejor manera el registro de la marca, sabiendo (como sabemos) que en Tenerife hay una empresa (de las mejores de España, por cierto) especializada en el tema de registro y protección de la Propiedad Industrial. A partir de ahí, los “verdaderos” que cumplan con todo, que se llamen “guachinches”, y al resto, cerrarlos o prohibirles (con contundencia) que usen ese gran nombre. Amén.

La nueva corporación del Cabildo de Tenerife, que preside Pedro Martín (en el centro) tienen una oportunidad de lujo para ordenar el mundo de los guachinches.